El pasado 29 de abril de 2025, el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 1843, que moderniza y unifica las reglas sobre los exámenes médicos ocupacionales. Tras un periodo de transición hasta el 6 de noviembre, todas las empresas y prestadores de salud deben adaptarse a esta normativa. Esta nueva norma —que deroga resoluciones anteriores como la 2346 de 2007— no es solo una actualización técnica del marco regulatorio, es un intento por reorganizar, consolidar y modernizar el sistema de evaluaciones médicas ocupacionales en el país, situando al trabajador en el centro del proceso y promoviendo una mirada mucho más humana, ética y preventiva en la gestión de riesgos laborales.
Un cambio necesario
Durante años, las evaluaciones médicas en el entorno laboral han sido vistas como un trámite. Muchas empresas las han reducido a un requisito de ingreso o a un formalismo periódico, sin que exista un verdadero seguimiento de las condiciones de salud de los trabajadores ni acciones concretas para su cuidado. La Resolución 1843 de 2025, en cambio, propone una visión más integral.
En ella se establecen cinco tipos de evaluaciones: preingreso, periódicas, de egreso, por cambio de ocupación o retorno al trabajo, y de seguimiento. Este enfoque permite que el empleador no solo detecte posibles riesgos, sino que tenga la obligación de intervenir con acciones correctivas cuando la salud del trabajador esté comprometida.
Uno de los aspectos más importantes es que las recomendaciones emitidas por el profesional de la salud deben implementarse en un plazo máximo de 20 días hábiles, con evidencia documentada. No es suficiente con saber que existe un riesgo: ahora, debe actuarse en consecuencia.
Novedades clave
- Evaluaciones por retorno y seguimiento
– Examen obligatorio si la ausencia por causas no médicas supera los 90 días.
– Evaluaciones de control para dar seguimiento a condiciones de salud identificadas previamente. - Estricto calendario para recomendaciones
– Los empleadores deben implementar recomendaciones médicas en máximo 20 días hábiles tras recibir el concepto. - Pruebas específicas con restricciones claras
– Prohibición general de exigir pruebas de embarazo o VIH salvo en riesgos reales
– Se autorizan pruebas de alcoholemia o sustancias psicoactivas solo para actividades de riesgo, realizadas por médicos autorizados y con protocolos de calidad y confidencialidad. - Cobertura de costos a cargo del empleador
– Todos los gastos de exámenes y pruebas complementarias, así como transporte, alojamiento y alimentación en caso de traslados, deben ser asumidos por los empleadores - Fortalecimiento de las historias clínicas ocupacionales
– Se establece un régimen claro de custodia, confidencialidad y retención por 20 años, con entrega al trabajador si lo solicita - Régimen sancionatorio y periodo de implementación
– Multas de hasta 2.455 UVT (~$122 millones COP) por incumplimiento.
– Plazo de 6 meses para implementar a partir de la publicación en Diario Oficial (6 de mayo). La vigencia plena comienza el 7 de noviembre de 2025.
¿Tienes dudas sobre cómo se encuentra tu empresa frente al cumplimiento de esta obligación? Contactanos para asegurar el cumplimiento de esta disposición legal.
